El modelo del plan de pensiones enfrenta a La Caixa y sus empleados

Publicado en Expansion.com  el 30-05-09 , por Elisa del Pozo

Parte de los trabajadores cree que sus prestaciones por jubilación se reducen hasta un 40% respecto al derecho adquirido. El origen del conflicto es la exteriorización de 2000.

La Caixa cuenta con un plan de pensiones, el mayor en España, con un patrimonio de 3.548 millones de euros.

Estos trabajadores se aglutinan en torno a Plataforma RPP (régimen de previsión personal), constituida el año pasado, que ha contratado al despacho de abogados Casares para defender sus intereses. Otra asociación Copeca (Colectivos Pensiones Empleados Caixa) también aglutina a parte de los trabajadores afectados por esta situación.

Los empledos y la caja han celebrado ya actos de conciliación en los que La Caixa ha rechazado las peticiones de sus ex empleados.

Conflicto
Las desavenencias se centran en la prestación de jubilación que el plan de pensiones paga a los empleados que se jubilan ahora. Los demandantes consideran que ésta se ve mermada en hasta un 40% frente a los derechos que adquirieron inicialmente frente a la caja y que fueron modificados. El origen del conflicto es la exteriorización realizada por la caja en el año 2000, con el acuerdo de los sindicatos.

Este proceso supuso, entre otras cosas, el cambio del sistema que se aplicaba entonces a los compromisos por pensiones de La Caixa. Se pasó de un modelo de prestación definida, en el que la entidad se comprometía a pagar una cantidad concreta por jubilación, a otro de aportación definida, en el que se conoce el ingreso que hace la caja pero no la futura pensión a cobrar, cuyo importe dependerá de la evolución de determinadas variables y de
la marcha de los mercados financieros en los que se invierte su patrimonio.

Esta modificación fue aplicada por la mayor parte de las empresas que entonces exteriorizaron sus compromisos por pensiones y cedieron el patrimonio de sus fondos internos a gestoras especializadas. El cambio supuso, con carácter general, una merma en las expectativas de cobro por parte de los futuros pensionista. Por eso, se acordó entonces, entre la caja y los sindicatos, que los empleados más cercanos a la jubilación entraran en un periodo transitorio y recibieran un importe adicional al del fondo, hasta completar el total que deberían recibir con el antiguo sistema de prestación definida.

Este complemento corre a cargo de un seguro contratado por la caja. Esta medida se tomó por considerar que estos trabajadores no tenían tiempo suficiente para buscar fuentes alternativas que complementaran su jubilación privada. Este colectivo aglutinaba a los empleados nacidos antes de 1945 que se han jubilado ya en su mayoría.

Para los nacidos después de aquel año, no se fijaron mecanismos de compensación económica y ahora una parte de sus integrantes, que comienzan a jubilarse a partir de este año (pueden hacerlo a partir de 61 años), considera que sus intereses económicos se ven lesionados, ya que lo que hubiera sido su prestación por jubilación sin el cambio del sistema se ve reducida en un 40%.

Una parte de este colectivo, unos 400, se aglutina entorno a Plataforma RPP que promueve las demandas que se interponen con carácter particular por los afectados. Inicialmente se presentan ante el juzgado de lo social de la zona donde resida el demandante. Previsiblemente, sea cual sea la sentencia, la parte perjudicada recurrirá el fallo y el tema pasará al Tribunal Superior de Justicia de donde corresponda por comunidades autónomas y, posteriormente, al Supremo.

No es la primera vez que estos empleados recurren a los tribunales:13 trabajadores presentaron una demanda ante el juzgado de lo social de Barcelona que sentenció a favor de La Caixa. La otra parte recurrió ante el Tribunal de Justicia de Cataluña, cuyo veredicto está pendiente.

El amplio periodo de tiempo existente entre el cambio en el sistema de pensiones que produce el perjuicio denunciado por los demandantes y la presentación de las demandas se debe a que para poder emprender una acción judicial es necesario que ya se haya producido el perjuicio real y no uno previsible, lo que no ocurre hasta el momento en el que los empleados se jubilan y lo que hasta ese momento era una expectativa de cobro se convierte en un derecho.

El colectivo perjudicado, según Plataforma RPP, podría situarse en 5.000 personas, aunque no todas están concienciadas de esta problemática, apuntan en esta asociación.

En La Caixa afirman que la reclamación coincide con un momento de dificultades en los mercados que el año pasado provocaron una pérdida del 15% en el rendimiento del plan de pensiones, y que esta circunstancia ha empujado las reclamaciones.